Lula con un apretado resultado de 6 a 5, tuvo que escuchar por los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) el rechazo del recurso (habeas corpus) presentado por la defensa del exmandatario
Foto: Agencia
Brasil – La corte suprema de Brasil sacudió los cimientos del sistema político al autorizar la detención del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, un mito de la izquierda, en el mayor golpe de la investigación Lava Jato contra las enormes redes de corrupción en el país.
El fallo, pronunciado después de la medianoche del miércoles tras más de diez horas de debates, también impacta de lleno la carrera presidencial de la mayor economía latinoamericana que se dirimirá el 7 de octubre, al dejar prácticamente fuera del tablero al favorito en las encuestas.
Condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel por recibir un apartamento de lujo de una constructora involucrada en la trama de sobornos de la estatal Petrobras, Lula pretendía conservar su libertad hasta agotar los cuatro grados del sistema jurídico brasileño.
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Pero con un apretado resultado de 6 a 5, los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) rechazaron el recurso (habeas corpus) presentado por la defensa del exmandatario (2003-2010), de 72 años.
«La presunción de inocencia no puede llevar a la impunidad», dijo la presidenta de la corte Cármen Lúcia, que aportó el sexto voto que selló el resultado.
La detención de Lula, que niega todas las acusaciones en su contra, podría producirse a partir de la semana próxima, una vez que su defensa presente sus últimas objeciones, si es que decide hacerlo, informó el tribunal de apelaciones (TRF4) que lo condenó en segunda instancia.
La asesoría del equipo de abogados del exmandatario dijo a la AFP que esa posibilidad estaba bajo análisis.
«No será detenido de inmediato porque lo que juzgó el STF es un habeas corpus que autoriza la expedición de una orden de prisión», explicó a la AFP el criminólogo Jovacy Peter Filho. Quedan aún por analizar «posibles nuevos recursos en el TRF4 y solo entonces podría llegar la orden del juez Sergio Moro», añadió.
Moro es el magistrado de primera instancia que desde su despacho de Curitiba (sur) se convirtió en ícono de la lucha contra la corrupción para muchos brasileños. De su pluma salieron la condena contra el expresidente y contra otros políticos y empresarios enredados en la Operación Lava Jato.
La megainvestigación iniciada hace cuatro años puso en la mira de la justicia al actual presidente conservador, Michel Temer, y a buena parte de su gabinete, junto con decenas de diputados y senadores.
Pronunciamientos
«La presunción de inocencia, ese derecho fundamental que fatalmente volverá a valer para todos, no valió hoy para Lula. Un día triste para la democracia y para Brasil», escribió en su cuenta de Twitter la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.
El partido de Lula prometió defender en las calles y ante todas las instancias su candidatura presidencial “hasta las últimas consecuencias”.
El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) se sumó a las críticas: «No es sólo a Lula al que quieren arrestar, sino también el sueño de un país más justo. Jamás lo permitiremos. La lucha continúa».
El PSDB del exmandatario Fernando Henrique Cardoso, que perdió las últimas cuatro elecciones que disputó contra el PT, emitió un comunicado firmado por su líder en la Cámara baja, Nilson Leitao: «El expresidente no está por encima de la ley, sino al alcance de ella como todos los brasileños. Una decisión en sentido contrario frustraría a la sociedad y sería un retroceso en el combate a la impunidad».
¿Y la candidatura de Lula?
Incluso si Lula evitara permanecer encarcelado, su candidatura seguiría en jaque porque la justicia electoral impide postularse a condenados en segunda instancia.
La posibilidad de que llegara a la presidencia un candidato que enfrenta otros seis procesos, por delitos como obstrucción de la justicia y tráfico de influencia, alimentó la polarización que vive Brasil y que ya había conducido en 2016 a la destitución de Dilma Rousseff, sucesora y protegida de Lula, por manipulación de las cuentas públicas.
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