La Corte Nacional de Ecuador tiene elementos de convicción suficientes para acusar al expresidente Rafael Correa del secuestro de un exasambleísta de oposición. La jueza Daniella Camacho decidió este miércoles hacer el llamado oficial a juicio contra el exmandatario
Ecuador -La Corte Nacional de Ecuador tiene elementos de convicción suficientes para acusar al expresidente Rafael Correa del secuestro de un exasambleísta de oposición. La jueza Daniella Camacho decidió este miércoles hacer el llamado oficial a juicio contra el exmandatario y contra los policías que ejecutaron la orden de secuestrar en 2012 al político de oposición Fernando Balda. Desde un inicio, el caso fue considerado por la Fiscalía como un crimen de Estado al haberse utilizado dinero público para cometer el delito. En cambio, Correa siempre ha defendido ser víctima de persecución política y ha montado en los últimos meses una campaña paralela para desacreditar la decisión judicial.
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La Corte Nacional dictó en julio una orden de prisión preventiva, que el expresidente se negó a cumplir, refugiándose en Bélgica, donde reside desde que dejó la presidencia de Ecuador. También se solicitó la detención internacional a Interpol, pero el organismo policial aún no ha informado si aprueba o rechaza la petición de la Justicia ecuatoriana.
Antes de conocer la decisión de la Corte y de irse “a dormir” —la acusación se concretó pasada la medianoche en Europa debido a la diferencia horaria con Ecuador—, Correa publicó un último mensaje en el que insistía en la teoría del montaje: “El caso Balda es una farsa y todo es persecución política, porque no pueden derrotarnos en las urnas. No se preocupen por mí preocúpense por la patria”.
El proceso judicial sí continuará contra los dos policías implicados: los agentes Diana Falcón y Raúl Chicaiza. Están en prisión preventiva y, tras declarar en contra de Correa, fueron incluidos en el programa de protección de testigos. El otro implicado que fue llamado a juicio, el jefe del servicio de Inteligencia durante el Gobierno correísta, Pablo Romero, tampoco podrá ser juzgado, pues fue detenido y después liberado en junio en España.
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