El fiscal Dallagnol, según estas charlas, dudaba de si el triplex era en realidad el de Lula y si tenía algo que ver con Petrobrás.

Guerra judicial en Brasil: ¿cómo afectan a Lula las revelaciones sobre ‘Lava Jato’?

Lula
11 de junio, 2019 - 3:53 pm
Julia Muriel Dominzain / Cortesía de RT

The Intercept Brasil desveló charlas entre jueces y fiscales que ponen en duda la investigación que mantiene preso al expresidente brasileño Lula Da Silva.

Lula

 ¿Recuerdan el escándalo conocido como ‘Lava Jato’? ¿El golpe institucional contra Dilma Rousseff? ¿Tienen presente que el expresidente Lula Da Silva no pudo competir en las elecciones en las que era el candidato favorito de los brasileños y que todavía sigue preso? El escándalo del “departamento de lujo” supuestamente fruto de actos de corrupción, el triunfo de la ultraderecha al poder, los aplausos internacionales al entonces juez Sergio Moro y su asunción como ministro de Justicia son algunos de los capítulos locales de lo que se denuncia en Latinoamérica: hay desatada una guerra judicial. Los audios, videos y documentos develados por The Intercept Brasil vuelven a dejar el guión al desnudo.

El caso empieza a dar un giro inesperado. La revelación puso en duda la investigación que llevó a Lula a la cárcel. El impacto fue alto a nivel internacional y local. Al día siguiente, la segunda corte del Supremo Tribunal Federal reanudó el debate sobre un recurso de ‘habeas corpus’ que se había presentado para que se libere al expresidente. Y además, el Consejo Nacional del Ministerio Público de Brasil anunció que va a investigar el intercambio de mensajes entre fiscales de Lava Jato y el juez de la misma causa (y ahora ministro) Sergio Moro.

Historia de una filtración

El medio recibió —por medio de una fuente anónima que habría realizado ‘hackeos‘— años de archivos y conversaciones privadas del equipo de fiscales detrás de la investigación ‘Lava jato’. En síntesis, se puede ver a jueces y fiscales organizarse para perjudicar a Lula y a Moro (cosa que por ley tiene prohibido).

Movilización en Sao Paulo a favor de la destitución de Dilma Rousseff en 2016. / Julia Dominzain / RT

Dirigida por Glenn Greenwald —el premiado periodista que en 2013 publicó las revelaciones de Edward Snowden—, la investigación de The Intercept analizó el material, lo puso a resguardo en servidores fuera del país y lo reveló en forma de tres artículos:

  • El primero relata cómo obtuvieron la información y con qué criterio la publican: no muestran nada personal, sólo lo que implica interés público.
  • El segundo cuenta cómo se tramó el modo jurídico de impedir que Lula Da Silva pudiera dar entrevistas a los medios de comunicación antes de las elecciones, ya que —evaluaban— podía beneficiar ya no a él —a quien no lo dejaron candidatearse— sino al Partido de los Trabajadores (PT) en su conjunto.
  • En la tercera nota muestran que el propio fiscal tenía dudas respecto de las denuncias contra el expresidente hasta unos días antes de hacerla y que el juez de la causa —que se supone debe ser imparcial— opinaba y daba consejos sobre la investigación que más tarde él juzgaría. En todo momento es explícito que los motivaba el deseo de que el Partido de los Trabajadores no ganara las elecciones de 2018. Incluso una fiscal cuenta que reza para lograr el milagro de que el PT no vuelva al poder.

La entrevista

Una de las principales revelaciones de The Incercept remite a una historia muy particular. El 28 de septiembre de 2018 (menos de diez días antes de la primera vuelta de las elecciones brasileñas del 7 octubre de 2018) un juez de la Corte Suprema autorizó que Lula Da Silva (entonces ya condenado a 12 años de prisión por corrupción) diera entrevistas a los medios. Fue en respuesta a un pedido del diario Folha de San Pablo.

Sergio Moro, actual ministro de Justicia de Brasil, antiguo juez que conoció el juicio contra Lula

Sergio Moro, ministro de Justicia de Brasil, durante el encuentro entre los presidentes Jair Bolsonaro y Mauricio Macri en Planalto, Brasilia, 2019. / Ueslei Marcelino / Reuters

Ni bien se conoció esa decisión, el grupo de chat de Telegram entre fiscales que ahora sale a la luz se puso al rojo vivo. Empezaron a pergeñar cómo bloquear esa decisión. Incluso explicitaron su temor a que el PT volviera al poder. Según la publicación, “pasaron horas” hablando de esto y “parecía más una reunión entre operadores anti-PT que una conversación entre fiscales supuestamente imparciales”.

— Qué chiste!!!! Repugnante!!! — tipeó una de las fiscales, que después agregó que le parecía un circo y que estaba “muy preocupada por un posible regreso del PT” (con lo que la entrevista a Lula podía colaborar) y que rezaba mucho a Dios para que un milagro los salvara.

Mafiosos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — respondió otra fiscal

En paralelo, Deltan Dallagnol —procurador de Brasil— chateaba con una amiga. Lamentaba lo de la entrevista y entre ambos quedaba claro que el objetivo era impedir el regreso del PT.

Según la información, queda al descubierto “que los fiscales más poderosos de Brasil —que han pasado años insistiendo en que son apolíticos— intentaron evitar que el PT ganara las elecciones presidenciales de 2018 al bloquear o debilitar una entrevista previa a la elección con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva”.

Ese mismo día, pero más tarde, el Partido Novo (liberal, surgido en 2015 y todavía con muy poca representatividad) presentó un recurso al que un juez reaccionó dictando una medida cautelar mediante la que se le prohibió a Lula dar entrevistas.

El 29 de octubre de 2018, el PT perdió las elecciones en segunda vuelta y Jair Bolsonaro ganó con el 55 % de los votos. Recién después, la Corte Suprema empezó a autorizar entrevistas al expresidente.

La difusa arquitectura de las pruebas

Una de las acusaciones más conocidas (es decir, mediáticamente repetidas y procesadas con facilidad por la opinión pública) fue la de que el expresidente habría recibido un departamento triplex frente a la playa como un soborno para conseguir contratos en Petrobrás. Hubo todo tipo de cuestionamientos a esta hipótesis pero su efecto mediático ya no tiene marcha atrás. Las preguntas —ahora se sabe— también merodeaban al propio fiscal Dallagnol, según estas charlas grupales develadas por The Intercept Brasil: el hombre dudaba de si el triplex era en realidad el de Lula y si tenía algo que ver con Petrobrás. Es decir, dudaba de todo.

El 9 de septiembre de 2016 (menos de una semana antes de acusarlo), Dallagnol escribió: “Van a decir que estamos acusando en base a artículos de periódicos y evidencias frágiles (…) Todavía me da recelo la conexión entre Petrobrás y el enriquecimiento…”

Lula

Expresidente Luiz Inacio Lula da Silva con sus seguidores en Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo, Brasil, abril de 2018. / Fotorua / www.globallookpress.com

Unos días después vuelve a escribir al grupo, contento de haber encontrado un artículo de O Globo de 2010 en el que se menciona el triplex (aunque no dice nada de Petrobrás). Ese documento lo utilizará Sergio Moro dentro de la prueba al momento de condenar a Lula Da Silva.

El powerpoint o la polémica relación entre el juez y el fiscal

La presentación en power point de Deltan Dallagnol en la que incriminaba al expresidente brasilero de todos los modos posibles fue altamente conocida.

En la develación de The Intercept Brasil figura que el propio Dallagnol le escribió en un mensaje a Moro que “hicieron todo lo posible para caracterizar a Lula como el líder máximo del esquema de corrupción”. El juez le respondía dos días después: “Definitivamente, las críticas a su presentación son desproporcionadas, mantente firme”.

No es la única cita que demuestra —textual de The Intercept— “una conspiración impropia y poco ética entre Dallagnol y Moro sobre cómo estructurar mejor el caso de corrupción contra Lula, aunque Moro estaba legalmente obligado a juzgar el caso como un árbitro neutral“. En otros mensajes apura la investigación, da consejos, informa de sus futuras decisiones.

Públicamente, siempre lo negó: dijo que él como juez no tenía estrategia y que no investigaba porque no le correspondía. En general, no conviene creerle a casi nadie cuando dice que es ‘apolítico’. Pero en este caso supera las peores previsiones al pasar de ser ‘juez imparcial’ (condenó al expresidente a nueve años y seis meses de prisión) a ministro de Justicia del Gobierno que ayudó a ganar las elecciones, el del ultraderechista Jair Bolsonaro.

Reacciones

Los artículos de The Intercept Brasil tuvieron impacto en medios locales e internacionales. Se pronunciaron políticos de gran envergadura. Pero además, tuvo consecuencias concretas en la Justicia.

No solamente se reabrió el debate sobre la potencial liberación de Lula (en función de un ‘habeas corpus’ que se había presentado a favor del expresidente) sino que la Corregiduría del Consejo Nacional del Ministerio Público de Brasil (el órgano que controla la actuación de los fiscales) anunció que va a investigar los mensajes. Explicitaron que lo decidieron por la amplia repercusión y que lo realizado por los funcionarios “podría caracterizar una falta funcional”. Además, subrayaron la importancia de que la ciudadanía pueda confiar en ese órgano.

En cuanto a las figuras públicas, el primero en pronunciarse fue el expresidente Lula Da Silva. “La verdad prevalecerá”, fue la frase que apareció en su tuiter.

Sus abogados dieron a conocer un comunicado en el que piden “el establecimiento urgente de la libertad plena” de su defendido. “Es víctima de ‘lawfare’, que es la manipulación de las leyes y de los procedimientos jurídicos para fines de persecución política”, escribieron.

El fenómeno conocido como ‘lawfare‘ o ‘guerra judicial’ se trata de un modo de combatir adversarios políticos combinando acciones jurídicas con apariencia de legítimas y sus correspondientes reflejos en los medios de comunicación.

La expresidenta Dilma Rousseff avaló y dijo por twitter que lo corrupto del proceso implica la liberación de Lula.

En la arena internacional, la también expresidenta Argentina expresó en las redes:

Lo mismo había hecho el exmandatario Rafael Correa:

El Comité Nacional ‘Lula libre’ exigió en un comunicado la liberación de Lula e indicó que “el combate a la corrupción —un deseo nacional— no puede servir de bandera para una acción ilegal, antidemocrática y antipatriótica de un grupo que, por ese camino pretente tomar el Estado por asalto”.

Los implicados

En un comunicado, el Ministerio Público Federal informó que “sus miembros fueron víctimas de la acción criminal de un hacker (…) No se sabe exactamente la extensión de la invasión, pero se sabe que se han obtenido copias de mensajes y archivos intercambiados en relaciones privadas y de trabajo”. Dicen que se va a investigar el hecho y que ojalá esto provoque “reflexión y perfeccionamiento”. También repasan que “sólo este año, decenas de personas fueron acusadas de corrupción y más de 750 millones de reales fueron recuperados a las arcas públicas”.

En un tuit fijado en el perfil de Dallagnol destaca una parte: “Los fiscales de Lava Jato no se doblegaran ante la invasión inmoral e ilegal, extorsión o intento de exponer vidas personales y profesionales”. Y linkea la declaración del Ministerio.

Sergio Moro, por su parte, comunicó: “Sobre supuestos mensajes que me involucrarían publicados por el sitio Intercept el domingo 9 de junio, se lamenta la falta de indicación de fuente de la persona responsable por la invasión criminal de celulares de fiscales”. Respecto del contenido de los mensajes, Moro dice que “no se vislumbra ninguna anormalidad”.

 

La oposición de Brasil pide la dimisión inmediata del ministro de Justicia tras las filtraciones sobre Lula

La oposición de Brasil pide la dimisión inmediata del ministro de Justicia tras las filtraciones sobre LulaLa oposición quiere bloquear el Congreso brasileño hasta que el ministro de Justicia, Sergio Moro, sea apartado. Así, la prensa local afirma que los partidos de la oposición intentarán impedir las votaciones en la Cámara legislativa hasta que el titular de Justicia sea cesado de su cargo por las supuestas acciones ilegales que se le imputan tras conocerse las conversaciones que habría mantenido cuando era juez con los fiscales del caso Lava Jato.

Además de la expulsión de Moro, los líderes del Partido de los Trabajadores (PT), Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y Partido Socialismo y Libertad (PSOL) también insinuaron la posibilidad de la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para esclarecer este caso revelado por The Intercept Brasil, según el cual el exjuez Moro habría ayudado a la acusación en el proceso Lava Jato, en el marco del cual fue condenado, entre otros, el expresidente brasileño Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva.

Jandira Feghali, diputada del PCdoB, afirmó sobre esa comisión: “Debe haber inmediatamente un cese de Moro de su cargo. El Parlamento brasileño tiene que entrar en esa investigación, está colocada en la mesa la posibilidad de una CPI”, según recoge Folha de S. Paulo. Feghali no ha dudado en pedir la dimisión inmediata del titular de Justicia también en las redes sociales.

La líder del PCdoB ha anunciado además que su partido obstruirá “todos los asuntos [en la Cámara legislativa] mientras no se anuncien medidas concretas” en relación a esta cuestión.

Por su parte, el líder del PT en el Parlamento, Paulo Pimenta, pidió la apertura de un proceso administrativo disciplinario por parte de la fiscal general de la República brasileña, Raquel Dodge. Además, solicitó que se recojan teléfonos móviles y ordenadores personales, porque “esas pruebas necesitan ser preservadas”. Y coincide con Feghali en pedir la renuncia de Moro y la obstrucción total de la Cámara.

El Ministerio Público abre una investigación

El Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP) ha anunciado este lunes que abrirá una investigación para indagar sobre los mensajes entre Moro y los fiscales en el caso Lava Jato.

Así, el controlador nacional del Ministerio Público, Orlando Rochadel, instauró una queja disciplinaria contra Deltan Dallagnol, el fiscal que dirigía la operación Lava Jato y que es interlocutor de Moro en las conversaciones hechas públicas, para depurar responsabilidades a instancia de cuatro consejeros del CNMP. Rochadel ha dado 10 días a Dallagnol para que se manifieste al respecto.

 Por su parte, Dallagnol ha declarado que “es normal que procuradores y abogados conversen durante un juicio sin presencia de la otra parte”. En un video que ha hecho público en las redes sociales, el fiscal considera que la intercepción de esas comunicaciones fue “un ataque gravísimo por parte de un criminal que invadió teléfonos celulares, que secuestró cuentas de aplicaciones de mensajes, que se hizo pasar por periodistas y procuradores”.

Respaldo del presidente

“Confiamos en Moro”, ha afirmado el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre los mensajes conocidos este domingo entre su ministro de Justicia –cuando era juez federal–, los fiscales y el Ministerio Público Federal (MPF).

También el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, ha parecido respaldar de alguna manera a Moro, al afirmar que la filtración de las conversaciones “parece algo ingeniado para desgastar al Gobierno“.

Este lunes, unas horas antes de las declaraciones del Jefe del Ejecutivo, el portavoz de la Presidencia, Otávio Rego Barros, había afirmado que el presidente esperaría a que el ministro regresara a Brasilia para posicionarse. En estos momentos Moro se encuentra en Manaos, en el Estado brasileño de Amazonas, donde ha participado en un evento con secretarios de Seguridad Pública.

 Desde allí, el exjuez ha hecho pública una carta en la que critica que no se haya identificado a la fuente de “la invasión criminal de celulares de fiscales” y que el medio que publicó los mensajes, The Intercept Brasil, no le contactara antes de la difusión. En cuanto al contenido de los mensajes, el ministro de Justicia dice que “no se vislumbra ninguna anormalidad o direccionamiento de la actuación como magistrado”.

Además, en sus redes, Moro califica de “mucho barullo” la publicación de los “supuestos mensajes” y dice que “su lectura cuidadosa revela que no hay nada“.

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