Los 11.700 pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que viven en el exterior acudieron a todas las instancias gubernamentales para que se les cancele el pago de la pensión y los aguinaldos correspondientes a los últimos 17 meses
Foto: Agencias
Edgar Silva, coordinador del Comité de Derechos Humanos de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, indicó que la última vez que el gobierno pagó fue en octubre de 2015. «Desde entonces estos ciudadanos son ruleteados de una institución a otra y con el transcurrir de los meses su situación es más desesperada», denunció.
El comité se reúne mensualmente -la última vez fue el 29 de marzo- con representantes del IVSS y la respuesta que reciben es que el Banco Central de Venezuela y el Centro Nacional de Comercio Exterior están haciendo diligencias para bajar esa deuda.
«Los adultos mayores sienten que no son prioridad para el gobierno que prefiere gastar los recursos en armamento», manifestó Silva.
El dirigente social explicó que los 11.700 pensionados del IVSS residen en España, Portugal, Italia, Chile, Ecuador y Uruguay, países que tienen convenios con Venezuela.
Agregó que hay otro grupo de jubilados y pensionados en países sin convenios como Panamá, Colombia, Estados Unidos y Argentina. «En estos casos la situación es más complicada porque actúan a través de apoderados en Venezuela y son engorrosos los trámites burocráticos».
En España. En las redes sociales, los pensionados les piden a las autoridades que les paguen, pues muchos de ellos atraviesan una situación precaria y sobreviven con el apoyo de parientes o con la ayuda de las iglesias y otras organizaciones no gubernamentales.
Ante las difíciles condiciones que afrontan 8.000 pensionados retornados españoles, un grupo de diputados del Partido Socialista Español presentó una propuesta de ley ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Parlamento de España.
En la solicitud proponen tomar «medidas para paliar la situación de desprotección generada a los pensionados españoles afectados por la prolongada suspensión del pago de sus pensiones por parte del gobierno de Venezuela».
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