Foto: Agencias
Desempleo, crisis económica, desasosiego social, imputaciones penales de su hija y yerno constituyen el legado que Juan Carlos I entrega a su hijo y futuro rey de España
Tras la abdicación del rey Juan Carlos de Borbón a la corona de España en su hijo, el Congreso tiene previsto que la proclamación de Felipe VI tenga lugar en el Hemiciclo a partir del 16 de junio, en una sesión solemne de las Cortes. No obstante, se baraja la fecha del día 18 para la coronación del nuevo Rey de España.
En casi 40 años de monarquía parlamentaria, España no ha aprobado ninguna ley que regule el procedimientopara la sucesión en la Corona. Por eso, el gobierno ha de preparar ahora una norma, de la que ya existía algún borrador, que se tramitará por la vía de urgencia y que determinará cada uno de los pasos a seguir para que el príncipe Felipe acceda a la jefatura del Estado.
La ley orgánica que hará efectiva la abdicación del Rey, enviada por el Ejecutivo a las Cortes Generales —Congreso y Senado— tras su aprobación en Consejo de Ministros extraordinario, consta de un artículo único con dos apartados. La norma constata en el primero que Juan Carlos I abdica la corona de España, y afirma que la abdicación será efectiva cuando sea publicada la ley en el boletín oficial del Estado.
Su entrada en vigor, afirma el texto, «determinará, en consecuencia, que la abdicación despliegue sus efectos y que se produzca la sucesión en la corona de España de forma automática, siguiendo el orden previsto en la Constitución».
Una corona envenenada
El príncipe Felipe de Borbón, futuro rey de España, hereda una corona pervertida y envenenada. El legado que le deja Juan Carlos I es ciertamente conmovedor y dramático. Al margen de la crisis económica del país, el millonario número de desempleados, la imputación penal de su hermana, la infanta Cristina, y de su cuñado, Iñaki Urdangarin, el futuro nuevo monarca se enfrenta a un movimiento republicano cada vez más emergente y palpable en el país y, especialmente, a una imagen deshilachada de la Casa Real. Los ciudadanos reclaman cada vez con mayor insistencia un referéndum sobre el modelo de estado: monarquía o república.
No lo tiene fácil. Su carácter rígido y severo, encima, lo pone más difícil. Felipe VI, como así se llamará el futuro rey de España, está apunto de recoger una patata caliente. Extremadamente fogosa. En los últimos días las concentraciones y manifestaciones en las calles españolas se han multiplicado con un mismo mensaje: referéndum para determinar si España debe continuar siendo un estado monárquico o republicano.
Esa consulta electoral no se producirá, al menos, de momento. Los partidos políticos mayoritarios —los conservadores del Partido Popular y los socialdemócratas del PSOE— se oponen abiertamente a modificar la actual Constitución y cierran cualquier vía de acceso a los cambios que pudieran mostrar la luz en esa cueva que desde 1939 —fin de la guerra civil española— ha estado sellada, férreamente custodiada y militarmente vigilada.
Ahora, sin embargo, la irrupción en la escena política de Podemos ha dado un aire de frescura política y ha roto el bipartidismo en el país. No obstante, poco se puede hacer con cinco eurodiputados y ninguna representación en el Congreso y el Senado. Es, por ahora, un escape utópico a los deseos de miles de españoles.
«Pactó» su abdicación
Después de 39 años de reinado y con 76 en las espaldas, Juan Carlos I «pactó» su abdicación con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y con el hasta ahora jefe de la oposición, Alberto Pérez Rubalcaba. Todo meticulosamente medido y establecido. Desde el pasado cinco de enero —fecha en la que el Rey cumple años— ya estaba decidido que abandonaría la jefatura del estado después de las elecciones europeas del 25 de mayo.
Uno de los detalles que, sin embargo, no estaba en la hoja de ruta política era la debacle electoral de los partidos mayoritarios en esa consulta electoral. Hubo que acelerar el proceso hasta el extremo que «pilló» al heredero en El Salvador, que fue el representante de la Casa Real en la toma de posesión como presidente de ese país de Salvador Sánchez Cerén.
La sucesión en el trono español se va a producir en momentos difíciles y de gran convulsión social. A la profunda crisis económica que padece el país, a sus más de cinco millones de desempleados, a la multiplicación de comedores sociales, a la falta de poder adquisitivo cada vez más apabullante o al aumento masivo de la inmigración ilegal, el actual Príncipe de Asturias tiene que solucionar los conflictos familiares.
Turbulencias judiciales familiares
Esos apremios domésticos generan turbulencia en el país. Su hermana Cristina y su cuñado Iñaki Urdangarin están imputados penalmente por un juzgado de Palma de Mallorca por lavado de dinero y apropiación millonaria de fondos de la administración pública.
La imagen de la Casa Real de España está completamente deshilachada y, sobre todo, más desgastada que nunca. Esa situación afecta a los ciudadanos que ni tan siquiera aprueban en las encuestas oficiales o no del papel que en los últimos años ha desarrollado la Monarquía, que se ha mostrado abiertamente desgarrada.
Las cinco operaciones quirúrgicas que ha sufrido Juan Carlos I en el último año han sido consecuencia de sus permanentes «escapadas» privadas a países como Botsuana, en el sur de África, donde se dedicó a cazar —matar— elefantes, su relación íntima y afectiva con Corinna Sayn-Wittgenstein o sus millonarias vacaciones en cualquier parte del mundo, han sido motivo más que suficiente para que el pueblo español se haya planteado qué papel juega en la actualidad la monarquía en el país.
El ocaso de la monarquía
Juan Carlos I, como publicó QUÉ PASA en noviembre de 2012, significó el ocaso de una monarquía, la española, que ya en esa fecha se tambaleaba abruptamente. Su vida privada se cuestionó en todos los ámbitos, incluso hasta sus desavenencias personales con su esposa, la reina Sofía, y los negocios turbios de su hija y de su yerno debilitaron gravemente el papel de árbitro político que le otorga la Constitución de España.
Iñaki Urdangrin puso en jaque al Rey. De hecho, la corrupción salpicó a la Familia Real, que se vio obligada a hacer públicas sus cuentas procedentes de los presupuestos generales del Estado español después de 32 años de reinado. En enero de 2012 se conoció por primera vez que ese año, la Casa Real había recibido del estado 10,7 millones de dólares. Un escándalo nacional pasajero, pero que provocó cierta dosis de austeridad en los gastos monárquicos.
Esa es, entre otras, la herencia que va a recibir el futuro rey de España. Un legado pervertido y envenenado que también lleva una carga política difícil de solucionar: el plebiscito soberanista que ha planteado el gobierno de Cataluña, una de las regiones españolas más ricas y productivas.
La Constitución española de 1978 está caduca. Desde ese año no se ha producido ninguna reforma. La situación política desde que se aprobó ha cambiado considerablemente. El país vivía en esas fechas un clima de gran emergencia económica. El «ladrillo» —actividad industrial referida a la construcción de viviendas y edificios— y el turismo eran dos dulces que producían millones y millones de las antiguas pesetas, hoy euros.
El príncipe Felipe también deberá enfrentarse a ese estigma que con desacertadas y erróneas políticas económicas y bancarias han sumido al país en la crisis más profunda que se recuerda en la historia de España.
El Rey de España reina, pero no gobierna. Su papel institucional lo convierte en el embajador del país por excelencia. Sin embargo, sin el respaldo del gobierno o del ministro de turno que lo acompaña en sus viajes al exterior o en sus reuniones con otros jefes de estado, su papel es el de un relaciones públicas revestido de primer mandatario del país. Nada más.
No fue designado por Franco
El príncipe Felipe parte con una considerable ventaja política no fue designado directamente por el dictador Francisco Franco, como su padre. Esa circunstancia, sin embargo, no lo convierte concisamente en más democrático. Los borbones siempre han sentido especial predilección por los uniformes militares. El ejército, para ellos, es el bastión de su permanencia en la corona.
El pueblo español ya ha crecido, ha sabido defender sus libertades, incluso cuando el gobierno y los diputados fueron secuestrados en el congreso durante el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Y ahora no se le puede retirar ni la voz ni el voto, derechos que se han ganado, en ocasiones, derramando mucha sangre.
El cántico de «España mañana será republicana» volvió a las calles del país. Las grandes ciudades han sido testigos de ese clamor en multitudinarias concentraciones y manifestaciones. Desde el pasado 25 de mayo esa consigna ha crecido y se ha multiplicado considerablemente.
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