Podemos se abre paso en una España cansada de décadas de acciones sin resultados efectivos
Foto: Agencias
La nueva norma es, desde sus primeros borradores, rechazada de lleno por la oposición, que la ve como un atropello a los derechos básicos de reunión, expresión e información de los ciudadanos; además de rozar la inconstitucionalidad con la introducción de «la prisión permanente revisable», eufemismo para decir, según muchos juristas, «cadena perpetua».
Madrid — Cada vez son más las voces que en España se alzan contra la reforma del Código Penal aprobada en solitario por el Partido Popular (PP).
La nueva norma es, desde sus primeros borradores, rechazada de lleno por la oposición, que la ve como un atropello a los derechos básicos de reunión, expresión e información de los ciudadanos; además de rozar la inconstitucionalidad con la introducción de «la prisión permanente revisable», eufemismo para decir, según muchos juristas, «cadena perpetua».
Amnistía Internacional y la ONU tampoco se han quedado calladas y en las últimas semanas presentaron sendos informes denunciando el «grave retroceso» que significan el nuevo Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que todos en España conocen como Ley Mordaza.
Criminalizando acciones
La «Ley Mordaza» convierte determinadas infracciones penales en sanciones administrativas y las saca del control judicial, además de imponer multas desmesuradas que llegan hasta los 30 mil euros.
También se criminalizan conductas que hasta ahora formaban parte del núcleo de los derechos esenciales del ciudadano y muchos actos que eran considerados como faltas ahora se tipifican como delitos, sujetos a penas de prisión. Ejemplo, un grupo de activistas que durante ½ hora proteste en una oficina de un banco, puede ser encerrado desde seis meses hasta un año en la cárcel.
Los objetivos claros de esta nueva norma son la estigmatización de los movimientos sociales, la ampliación de la potestad de las fuerzas de seguridad, públicas y privadas y, sobre todo, el silenciamiento de la protesta social.
Todos
En primera línea de fuego, también se plantaron los catedráticos en Derecho Penal de todo el país. Desde 33 universidades, 63 profesores presentaron un manifiesto en el que acusan al PP de «deslealtad democrática» y le exigen «a la mayoría parlamentaria que se constituya tras las próximas elecciones generales» que derogue esas normas antidemocráticas. Están indignados.
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