Cámara Baja aprueba sancionar a venezolanos

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29 de mayo, 2014 - 11:55 am
Redacción Diario Qué Pasa

Foto: Archivo

El paquete determina que el gobierno defina un listado de funcionarios venezolanos que tendrán vetado el ingreso a EE UU y sufrirán el congelamiento de eventuales activos en territorio estadounidense.

Washington — La Cámara de Representantes, la Cámara Baja del Congreso estadounidense, aprobó ayer un paquete de sanciones a funcionarios de Venezuela por supuestas violaciones de derechos humanos.

El paquete, aprobado por voto cantado en el plenario y sin oposición, determina que el gobierno defina un listado de funcionarios venezolanos que tendrán vetado el ingreso a EE UU y sufrirán el congelamiento de eventuales activos en territorio estadounidense.

El texto, que había sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores de esa cámara, fue defendido por legisladores de los dos partidos.

Un texto similar ya fue aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y aún deberá ser sometido al voto en la cámara alta del Congreso.

En el caso de que los dos textos aprobados sean diferentes, deberán ser sometidos a una comisión que los unificará.

«Muy clara y directa»

Al presentar el proyecto, la republicana Ileana Ros-Lehtinen dijo que era necesario «condenar los abusos a los derechos humanos en Venezuela».

Las tentativas de poner fin a la crisis en Venezuela mediante el diálogo, dijo, «no han dado resultados, no generaron acciones, no hubo concesiones, y los inocentes aún son encarcelados».

Ros-Lehtinen añadió que la ley aprobada era «muy clara y muy directa», y establece que se nieguen visas de ingreso, el bloqueo de propiedades, congelamiento de activos para funcionarios.

El demócrata Joaquín Castro, a su vez, dijo que las 42 víctimas fatales durante las manifestaciones que comenzaron en febrero pasado en Venezuela son una «absoluta catástrofe».

El paquete brinda al presidente Barack Obama «una gran flexibilidad para responder a eventos sobre el terreno en Venezuela» y la posibilidad de suspender las sanciones «en cualquier momento».

A pesar del apoyo legislativo el Departamento de Estado ya dejó claro que consideraba las sanciones una «opción», pero que prefería impulsar el diálogo.

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