Julian Assange no está dispuesto a acatar las nuevas normas de convivencia que le ha impuesto Quito y su defensa ha presentado este viernes una acción de protección contra el Estado ecuatoriano por “amordazamiento” y “vulneración de derechos”.
Ecuador -Julian Assange no está dispuesto a acatar las nuevas normas de convivencia que le ha impuesto Quito y su defensa ha presentado este viernes una acción de protección contra el Estado ecuatoriano por “amordazamiento” y “vulneración de derechos”. El exjuez español Baltasar Garzón y el abogado de Assange en Ecuador, Carlos Poveda, han denunciado este viernes la “incomunicación” y la decisión “unilateral y arbitraria” a la que se está sometiendo al fundador de Wikileaks si quiere permanecer como asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, donde lleva seis años. Los abogados del australiano han recurrido a los tribunales ecuatorianos para que el nuevo protocolo de visitas y comunicación impuesto por el país latinoamericano quede sin efecto.
El fundador de Wikileaks está incomunicado desde marzo pasado, cuando el Gobierno de Lenín Moreno ordenó que se le impidiera el acceso a Internet y se prohibieran sus visitas para evitar que siguiera pronunciándose sobre asuntos de política interna de otros países que erosionaban las relaciones diplomáticas del Estado, como ocurrió con el conflicto independentista de Cataluña. Pero esta semana, como condición para recuperar la conexión y la posibilidad de recibir visitas, Ecuador envió al hacker australiano un protocolo con 32 disposiciones en el que supeditaba su condición de asilo a que respetara las nuevas normas.
Entre ellas, el australiano tendría que asumir sus propios gastos de manutención, mantener su estado de salud con revisiones médicas trimestrales, asumir tareas de aseo de su espacio y de su mascota. Además, sus visitantes tendrían que solicitar una autorización a la Embajada con tres días de antelación, que podría ser aceptada o rechazada sin dar argumentos por la delegación diplomática y solo podría conectarse a la red wifi de la sede diplomática con su teléfono móvil y con su propio ordenador.
La defensa de Assange, encabezada por Garzón, ya había anunciado la semana pasada que, durante la visita del exjuez a Ecuador, se tomarían acciones legales contra el canciller ecuatoriano, José Valencia, por revelar a la Asamblea los documentos de nacionalización del australiano que habían sido declarados reservados -sin seguir el trámite apropiado, según la voz oficial- por la canciller anterior, María Fernanda Espinosa. Finalmente, tras la llegada de Garzón al país, se ha interpuesto una acción de protección con la que se pretende suspender la aplicación del nuevo protocolo de convivencia. “Este documento es una actuación unilateral y arbitraria porque (…) contiene una serie de afirmaciones o términos que son impropios de una situación de buena armonía y de asilo”, ha defendido Garzón ante los medios.
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