La Cancillería colombiana aseguró que no firmó la declaración del Grupo de Lima en la que ese grupo rechazó una eventual intervención militar en Venezuela porque considera que no hubo «coincidencia total» en los «términos» de ella.
Una decena de países que conforman el Grupo de Lima, que considera roto el orden democrático en Venezuela, expresó ayer, en una declaración conjunta, «su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela».
Esto ocurrió luego de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, asegurara el viernes en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, que las acciones diplomáticas están en «primer lugar» pero no se pueden descartar otras como la intervención militar.
De esta manera, la Cancillería colombiana señaló que «rechaza la violencia en todas sus formas» y que el Gobierno «continuará actuando con base en estos principios y convicciones».
«Seguiremos acudiendo a todos los medios diplomáticos y políticos tendientes a crear condiciones para que el pueblo de Venezuela pueda elegir el Gobierno que desee tener gracias a procesos transparentes y rodeados de garantías», dijo.
Asimismo, resaltó el trabajo del Grupo de Lima porque considera que cumple por una tarea «fundamental» y que tiene unos propósitos con los que coincide.
El Grupo de Lima está conformado por los Gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.
Esta plataforma fue creada por iniciativa del Gobierno de Perú para denunciar un quiebre del orden democrático en Venezuela ante la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, cuya legitimidad no reconoce.
En su declaración de este sábado, el Grupo de Lima instó de nuevo al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a «poner fin a las violaciones a los derechos humanos, a liberar a los presos políticos, respetar la autonomía de los poderes del Estado y asumir su responsabilidad por la grave crisis que hoy vive Venezuela».
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