Una aberrante sentencia y una locura política

Gaston-Guisandes
3 de abril, 2017 - 11:21 am
Gaston Guisandes López / Editor del Diario QUÉ PASA

El comer mucho, a la carrera, casi sin masticar y engullendo con gula, embucha y el bocado termina atorándose en la garganta y conduciendo, no pocas veces, a la asfixia; igual ocurre con el poder cuando se ejerce con desenfreno y arrollando principios, convicciones y valores.

El Poder, inapropiadamente ejercido, conduce a lo intolerable para los gobernados y de suyo siempre aparejado con la violación de alguno o de todos los Pecados Capitales: La Soberbia, La Avaricia, La Envidia, La Ira, La Lujuria, La Gula y La Pereza.

Si quiere el lector expresarlo por contravía y en vez de hablar de los Pecados Capitales, hablamos de las Virtudes Teologales, implementando con ello una suerte de «Pecadómetro» que nos permita decidir si quienes han ocupado cargos públicos, a lo largo de los años que corren a partir de 1958, deben ir al Cielo o al Infierno. Quizás algunos al Purgatorio.

La Humildad se contrapone a la Soberbia; la Caridad a la Envidia; la Paciencia a la Ira; la Diligencia a la Pereza; la Generosidad a la Avaricia; la Castidad a la Lujuria y a la Templanza se contrapone a la Gula.

En la ponderación de los personajes, especialmente de los protagonistas montados en el escenario de hoy, tomemos en cuenta nuestra cuota de responsabilidad y hasta de culpa, por el poder que pudimos haber otorgado y por tanto, sacar cuenta de nuestro porcentaje de responsabilidad en los pecados que cometieron los ungidos con el voto que por ellos sufragaron los electores y esto es muy importante, porque muchas veces «la culpa no es del ciego, sino de quien le dio el garrote».

El conflicto entre el Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ciudadano (del cual la Fiscalía General es uno de los tres integrantes que componen el Consejo Moral Republicano), las Fuerzas Armadas, los partidos políticos afines al oficialismo y los arraigados en la oposición, nos lleva al escenario internacional, donde encontramos, y jugando fuerte, a los países resteados contra o a favor del Gobierno venezolano, haciendo comparsa con los inmensos capitales internacionales —los nacionales no tienen fuerza para jugar esta partida—, pues están apostando cuanto tienen para echarle mano a las empresas nacionales: PDVSA, CANTV, CORPOELEC, FERROMINERA, SIDERÚRGICA, PETROQUÍMICA, etc., etc., aprovechándose de la espectacular crisis económica que nos tiene arrinconados, buscando dinero —de donde podamos sacarlo— para pagar la gigantesca deuda y dar de comer al hambriento, de beber al sediento, curar al enfermo, vestir al desnudo y dar posada al peregrino.

Del Gobierno todos tenemos un juicio formado y nos referimos a cuanto se encuentra confabulado en torno a la inmensa riqueza que, económica, estratégica y políticamente representa el Arco Minero, que ya ha desatado a los demonios del averno y mucho tiene que ver con las mil millonarias concesiones y los mil millonarios contratos por otorgar, firmar y empezar a cobrar. He aquí el tesoro causante de la batalla campal.

Detrás de todo este fabuloso tinglado encontramos poderosos gobiernos, apoyando con cuanto tienen y representan a los circuitos financieros más grandes del mundo y los traficantes de dinero más poderosos de la Tierra, capaces de matar a la madre si ello fuera menester para ponerle la mano al oro, diamantes, coltán, petróleo, agua, minerales de todo tipo, etc., y cuanta riqueza Dios creó y que representa la salvación económica de Venezuela y repone las expectativas del Gobierno.

Había que neutralizar el inmenso poder de la Asamblea Nacional, que tienen la obligación y facultad legal para autorizar todos los contratos y acuerdos que la República celebre o convenga con gobiernos, empresas y grupos o personas naturales y, al logro de tal fin, enfiló el alto gobierno su acción.

Pero en el intento de sacar ventaja el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Electoral, se pasaron de límite y lo que hicieron fue anular al poderoso Poder Legislativo, sin tomar en cuenta el adverso momento, político y económico, aposentado en el país, olvidándose que Venezuela se encuentra en la mira de los más poderosos países del orbe, ni sopesar la ostensible incapacidad de tantos nuevos magistrados que integran el TSJ y, dentro de este, en la Sala Constitucional, muchos de cuyos magistrados se encuentran atados a intereses económicos de alto coturno (actores de la tragedia griega y romana), amén de ser analfabetas jurídicos con título universitario.

Alcanzaron el fin, qué duda cabe, pues con las sentencias conocidas, la 155 y la 156, desmontaron el poder de la Asamblea Nacional y le quitaron el privilegio constitucional de la inmunidad a los parlamentarios para, «sin cortapisas ni callares» impedirles cumplir las delicadas e imperiosas obligaciones que les impone la Ley de las leyes de República.
Era de vida o muerte política sacar del ruedo a los parlamentarios de la oposición y cerrar el Palacio Federal Legislativo; por horas el oficialismo se anotó lo que en principio lució como una victoria aplastante y así fue celebrada: Pero la democracia convirtió, aquel triunfo en el puntillazo que acabó con el toro y casi que con la corrida.

Hoy la Asamblea Nacional es reconocida como el Poder Legislativo del país, en ejercicio de todas las potestades y competencias que la Constitución le consagra, especialmente la de legislar, la de controlar el gasto público y la de velar por la hacienda del pueblo.

Interpretando los hechos a lo largo de los últimos acontecimientos, entre ellos la presión internacional, podemos afirmar que la voz de la Fiscal General de la República se escuchó porque así lo ordenó la voz militar que, como es fácil deducir, goza de toda la autoridad legal y fuerza institucional para actuar en defensa del bien público y social. Suficientes elementos de valoración se tienen para llegar a una conclusión tan definitoria y que tanta controversia desatará. (Hago saber al lector que esta afirmación no se corresponde con informaciones indubitables, recibidas de personas dispuestas a confirmar lo plasmado en esta nota editorial, sino de la observación serena, constante y de buena fe del decir y el hacer de los actores).

Al país lo salvo de muchos males la declaración, inesperada, impactante, definitoria y valiente de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, sirviendo como voz de dirección del país, porque paralizó un inconmensurable desatino y con su hacer, de inmediato, devolvió a su lugar institucional lo que nunca debió salirse del marco de la Constitución y las leyes.

Gastón Guisandes López
Editor

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