Caracas — La Providencia publicada ayer por la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), en la que se plantea un margen de intermediación no mayor al 60% en el proceso de cálculo de precios, equivale al recrudecimiento de controles que traerán como consecuencia que se profundice la crisis de abastecimiento de productos en los anaqueles, esto, a juicio de los representantes gremiales de los organismos comerciales, empresariales e industriales, Consecomercio, Fedecámaras y Conindustria.
Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio, observó que a pesar de que en la disposición de la Superintendencia se afinan algunos aspectos de la disposición presidencial que impone la estipulación de precios máximos de venta al público (PMVP), aún no se puede decir que haya normas claras para la producción y comercialización de mercancía, insistió.
La disposición gubernamental instruye que el porcentaje de ganancia sobre el costo por unidad por producto para los distribuidores, deberá equipararse al que perciba el que lo comercialice al detal.
Ramos advirtió que la reforma a la Ley de Precios Justos causará que haya menos productos en los anaqueles, porque lo planteado por el Gobierno elimina toda rentabilidad y ahoga las posibilidades de crecimiento de los actores del sector. Considera que al tener que utilizar una divisa a precio libre y no poder ajustarlo luego al precio de venta al consumidor, se limita significativamente el interés y posibilidad de importar.
Avizora que se intensificará no solo la escasez, sino también el desempleo.
El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, coincidió en que mientras más se limite la oferta, crecerá el desabastecimiento, por cuanto nada garantiza la caída de la demanda y las necesidades de la población, estima, por tanto, que no habrá la reposición adecuada de los inventarios.
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