Caso Sabino Romero
Indígenas yukpas siguen sin recibir respuesta


Juan Carlos Guillén

El 7 de julio a las 12 del mediodía, un colectivo de indígenas yukpas de las comunidades del río Yaza, entre los que se encontraban varios familiares de Sabino Romero Izarra, se presentaron a las puertas del TSJ. Fueron recibidos por el personal de seguridad, quienes no los dejaron estar en los espacios comunes del TSJ. Los sacaron y cerraron el portón dejándolos por horas bajo sol, con la promesa de ser atendidos. A las cinco de la tarde enviaron un emisario, que les hizo saber que debían pedir cita a la presidenta del TSJ, ciudadana Luisa Estela Morales.
Los yukpas, junto a un numeroso grupo de personas que los acompañaban, solicitaron inmediatamente audiencia por escrito y firmada por todas y todos los asistentes. La exigencia de este colectivo es que les den información sobre la admisión o no del recurso de apelación, introducido por ellos, hace cuatros meses en el que solicitan, de acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, que los yukpas imputados sean juzgados en su jurisdicción propia, de acuerdo a sus costumbres, cultura e instituciones propias, como lo señala, de forma específica, la ley mencionada.
Sabino Romero, Olegario Romero y Alexander Fernández siguen aislados y sus familias recluidas en el Fuerte Militar del Teatro de Operaciones 2 (TO2), mientras la presidencia del TSJ no responde.
El caso de los yukpas es atendido por siete fiscales del Ministerio Público, empeñados en mantener el caso en un juicio penal ordinario, contra todos los indicativos de ley, a pesar de todas las violaciones procesales cometidas en el caso, y a pesar de la evidente insuficiencia de pruebas.