En la marcha llamada “Toma de Venezuela”, llevada a efecto el día jueves 27 de octubre, en diferentes ciudades del país, entre ellas Maracaibo, se produjo un desdichado, muy triste y desventurado acontecimiento en la jurisdicción de la ciudad de San Francisco, acontecimiento muy lamentado por todos, con excepción de algunos que han apostado fuerte a la rueda de la fortuna.
Los organizadores del evento planificaron la ruta de la manifestación con todo cuidado y atendiendo las normas de la más exigente prudencia y respeto por las normas administrativas que regulan estas actividades, entre ellas notificar con suficiente tiempo a las autoridades para que estas tomaran todas las previsibles medidas cautelares a los fines de salvaguardar el orden público, los bienes materiales a lo largo del recorrido y, por encima de todos, la seguridad de las personas, bien los marchantes, bien los observadores quienes sin marchar, querían animar a los participantes.
El evento concluyó sin nada, absolutamente nada, que lamentar y se inició la retirada de los participante, una vez que exhibieron y leyeron, a las puertas del edificio sede de los Tribunales Penales, la proclama, protestando contra las decisiones, que diferentes Tribunales de Primera Instancia, en funciones de Control, de diferentes circunscripciones judiciales penales del país se pronunciaran anulando las firmas recogidas con el propósito de solicitar al CNE, la convocatoria a recoger el 20 por ciento de las firmas registradas en el Padrón Electoral, para con ello formalizar la solicitud al máximo ente comicial, convocando el Referendo Revocatorio del mandato del Presidente de la República, acompañada la medida principal con una cautelar de prohibición de salida del país, dictada en contra de varios jefes superiores de muy importantes partidos políticos de oposición del país.
Válgaseme decir que estoy en total desacuerdo con la citada medida judicial, tanto la de anulación, como la de prohibición, por muchas razones, entre ellas la de incompetencia de los jueces que las dictaron y porque se trató de un impertinente y provocativo pronunciamiento que traería consecuencias graves y muy lamentables.
A estas alturas de la narración nos encontramos con que un grupo de manifestantes se desvió, en provocación descarada y artera, para tomar rumbo al Puente Rafael Urdaneta, en descarado desacato por no haber sido notificadas, previamente, las autoridades encargadas del mantenimiento del orden público y la paz social. (También debo decir que nunca estuve de acuerdo con las fulanas solicitudes de permiso para manifestarse públicamente, cuando solo tendrían que notificarse las autoridades, pero la obligación es esa y debe cumplirse).
En ese entrevero, los manifestantes decidieron pasar por encima del mandato de la autoridad y se produjo lo que nunca debió suceder y en medio de la trifulca, funcionarios, sin duda mal entrenados para este tipo de situaciones, reaccionaron y produjeron los hechos por los cuales tienen que responder ante la ley. ¡Gracias a Dios y a la Chinita, no hubo muertos que llorar!
Ante esa situación, ¿qué hacer?, ¿cerrarles el paso, impidiéndoles continuar o dejarlos llegar hasta el Puente y que ocurriera lo que podría suceder? Si llegaban hasta el Puente, ¿qué podría acontecer? La paralización del tránsito y la confrontación violenta en la cabecera del Puente con las consecuencias imprevistas.
Es pertinente la oportunidad para destacar que los equipos policiales antimotines, en cualquier país de avanzada, son equipos elite, ampliamente entrenados, escogidos entre los que aprueban los exámenes sicológicos más exigentes para verificar que están mentalmente preparados para encarar los escenarios más peligrosos y difíciles, a cuyo efecto reúnen las condiciones para actuar en extrema situación de presión y muy bien entrenados y disciplinados para inmovilizar, físicamente, a los revoltosos.
¿Es esta la realidad que impera en todos nuestros cuerpos policiales y de seguridad de Estado, Guardia Nacional, Policía Política, PNB, PR del Zulia, Policía de Maracaibo o Policía de San Francisco? ¡No!
Al final, ¿qué culpa tiene Omar Prieto, alcalde de la ciudad de San Francisco en tan lamentable, como doloroso suceso? ¿Comandaba él la policía en ese momento? ¿Es que acaso, ordenó disparar contra los manifestantes? ¿Estaba o no lo estaba, obligado a impedir que una manifestación, no autorizada e intencionalmente desviada y además advertidos de que no podían pasar, llegara hasta el Puente sobre el Lago?
Las autoridades jurisdiccionales tienen la última palabra, ya veremos como deciden y los fundamentos jurídicos sobre los cuales sentencian.
Gastón Guisandes López
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