Un escándalo mayúsculo, en el Poder Judicial del Zulia, podría ser la tapa del frasco de ese desastre en que han convertido la judicatura en el ámbito de la rama penal, por la intromisión, de los niveles superiores, en la autonomía procesal de los jueces, que no siendo la mayoría de ellos titulares sino provisorios, quedan a expensas de perder sus puestos de trabajo cada vez que desobedecen las órdenes del Juez Presidente del Circuito Penal correspondiente.
El Juez 5to. de Primera Instancia, en Funciones de Juicio, abogado Rómulo García, con 28 años de carrera judicial, fue destituido de su cargo y las tres magistradas que integran la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, han sido sancionadas de la siguiente manera: La Magistrada Presidenta de la Sala, Jacquelina Fernández González, ponente de la sentencia de un caso ventilado en su sala, tiene la sanción en suspenso por encontrarse suspendida del cargo por razones de salud; la Magistrada, Silvia Carroz de Pulgar, fue sancionada con traslado a la jurisdicción judicial de Valencia, Estado Carabobo y a su vez, rebajada de jerarquía al nombrarla Juez de Juicio cuando se desempeña como Juez Superior en la Corte de Apelaciones del Zulia y, la Magistrada, Luz María González Cárdenas, enviada a la jurisdicción judicial del Estado Anzoátegui.
El caso, que venturosamente ocurrió, porque no hay mal que por bien no venga, hace propicia la ocasión para dilucidar, públicamente, una abominable sucesión de hechos, relacionados con los llamados «efectos suspensivos», que faculta a los fiscales del Ministerio Público a interponer tal recurso dejando en suspenso la ejecución de las sentencias absolutorias que dictan los jueces, manteniendo privados de libertad a los procesados absueltos.
Veamos el asunto que nos ocupa: El ciudadano, ÁNGEL OVIDIO HERNÁNDEZ CONTRERAS fue imputado por las fiscales del Ministerio Público, abogadas Mirtha Coromoto Lugo González, Fiscal Provisoria 24, Carmen Luisa Zambrano Marcano y Mayrelis Del Carmen Albornoz Garcés, en su carácter de Fiscales Auxiliares Interinas Vigésimo Cuartas, por los delitos de TRÁFICO ILÍCITO AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR.
En la Playa San Remo, situada en la carretera que conduce a Santa Cruz de Mara, el día 28.2.15, en altas horas de la noche localizaron dos camionetas Explorer, una de color azul y otra de color verde, encontrando en esta la cantidad de 1.377 paquetes conteniendo marihuana y en la otra consiguieron 2 tarjetas telefónicas, tal como informan los funcionarios de la comisión policial actuante, quienes afirman que del lugar, cuando ellos se hicieron presentes, diferentes personas huyeron en unas lanchas rápidas.
Días más tarde una camioneta que venía de Trujillo hacia Maracaibo es detenida por un comando de la Guardia Nacional, que ordena al conductor estacionarse a la derecha.
Cuando la comisión se acercaba al vehículo, el conductor arrancó dándose a la fuga y en la persecución la camioneta se vuelca y el conductor prófugo muere instantáneamente.
Requisado el vehículo prófugo, donde encuentran marihuana, unos 1.200 kilos, también consiguen un radio-teléfono y al investigar las llamadas, en ellas aparece el número telefónico de una familia, cuyo domicilio allana la Guardia Nacional (Dirección Antidrogas), pero resulta que ese era un inmueble doble —una familia vive en la planta baja— y en la de arriba vive el ciudadano Hernández Contreras a quien se llevan detenido para interrogarlo y, de paso, lo dejan detenido sin más ni más, y es allí donde comienza el calvario que vive este ciudadano, junto a su esposa.
Ambos allanamientos se ejecutaron sin orden judicial y el Ministerio Público no acusó a los funcionarios arbitrarios y transgresores de la ley, por violación del domicilio y allanamiento ilegal de la morada: El eterno contubernio entre las autoridades judiciales y las autoridades policiales.
Es de mencionar que en la requisa hecha en el inmueble, no encontraron ni una pizca de droga, de ningún tipo, que pudiera dar inicio a una investigación criminal, pero a pesar de ello se llevaron engañado al ciudadano, Hernández Contreras, presuntamente para interrogarlo, pero terminan vinculándolo con el caso y lo dejan preso. Posteriormente, el Ministerio Público lo somete a juicio acusándolo por Tráfico Agravado de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas y Asociación para Delinquir. (Sin ninguna prueba que lo incriminara, conclusión esta que se desprende de la lectura del acopio documental).
Continuará mañana viernes 16 de septiembre…
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