Que los poderes del Estado en todas las instancias de gobierno cumplan la Constitución de la República, además de ser una obligación de los órganos del Estado Venezolano, es un clamor popular nacional y un deber que los ciudadanos debemos exigir todos los días y por todos los medios posibles. Pero que los poderes Legislativo y Ejecutivo cumplan las normas constitucionales que establecen los mecanismos de consulta ciudadana para definir y trabajar para lograr los objetivos de desarrollo socioeconómico del país, sus estados y ciudades, mediante la elaboración de Planes Estratégicos, en conjunto entre el Estado y la iniciativa privada, constituye la única solución a la crisis socioeconómica y la garantía del desarrollo futuro.
Por esa razón consideramos muy positiva e histórica la decisión de la Asamblea Nacional de abrir un espacio para la consulta ciudadana y que la responsabilidad de dirigir esa actividad sea compartida por ciudadanos capaces y honorables como Werner Corrales. Según Datanalisis más del 90% de los venezolanos desean que el Estado trabaje en conjunto con el sector privado para superar la crisis y lograr el desarrollo del país.
Ahora bien, para que la consulta ciudadana iniciada por la Asamblea Nacional sea constitucional, legal y útil, debe realizarse en los términos que ordena el artículo 299 de la Constitución, esa es la única forma de garantizar que el resultado de esa consulta no quede como una acción aislada sino que tenga efectos vinculantes y de obligatorio cumplimiento para las partes en favor del desarrollo socioeconómico del país. Además eso evitara se creen falsas expectativas y nuevas frustraciones colectivas, pérdida de credibilidad de las instituciones y de la fuerza de la misma sociedad organizada.
Partiendo que la Asamblea Nacional ha decidido darle cumplimiento al artículo 299 de la Constitución, entonces debe aprobar sin vacilación y de inmediato emitir un decreto que exponga un Plan de Consulta Ciudadana para formalizar tal decisión. En el acto administrativo se debe establecer claramente los objetivos de la consulta y los mecanismos a través de los cuales todos los sectores del país se comprometerá a su cumplimiento, comenzando por su propio compromiso, mediante la actuación legislativa, tanto en la formulación de nuevas leyes como en la adecuación de las existentes y el ejercicio de las funciones de contraloría que le son propias , así como las que nos corresponden a los ciudadanos y a personas jurídicas públicas y privadas.
En las notas de prensa que esta semana anunciaron el inicio de este proceso de consulta por parte de la Asamblea Nacional, solo informan que se realizara los días miércoles y que lo presidirá Werner Corrales, pero no quedan claros los propósitos, alcance, ni modos de convocatoria y participación ciudadana. Tampoco se habla de metodología de debates, recolección de datos, ni condiciones para la firma de los acuerdos y su implementación. Esto debe ser oficializado lo antes posible para que ese proceso de consulta ciudadana no corra el peligro de ser desnaturalizado, boicoteado por enemigos de la democracia y participación ciudadana verdadera, y pase a ser finalmente desestimado por los propios ciudadanos, pues esto, implicaría perder una oportunidad de ejercer la participación ciudadana en los asuntos públicos que es un deber de todo buen ciudadano. Por esta razón, estamos obligados a apoyar esta iniciativa participando activamente en el proceso de consulta iniciado y exigir se explique el método, para que cada sector prepare con tiempo su participación.
Si el propósito de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional es crear un Plan de Desarrollo Socioeconómico del País como lo ordena el artículo 299 de la Constitución, debe informarlo y explicar abiertamente el método para su elaboración y convocar a todos los sectores de la iniciativa privada que forman parte de la producción y organizaciones sociales a que expongan sus criterios sobre la visión y misión que tenemos como País, así como examinar y convalidar los principios, objetivos, actores, garantías y método ordenados en la referida norma.
Si la verdadera intención es facilitar la participación de los ciudadanos en las actividades que marcaran el desarrollo futuro del país, estamos seguros que será un rotundo éxito para el país y los resultados se empezaran a ver en muy corto plazo. Si la intención no está clara o es utilizar un espacio del Estado para engañar a la población el resultado será más frustración, disgusto e incertidumbre que solo beneficia a los enemigos del país.
Por último, cumplir con el mandato del artículo 299 de la Constitución y permitir la participación ciudadana en la elaboración de los Planes Estratégicos para el Desarrollo Socioeconómico permitirá a los municipios y estados recuperar la autonomía dentro del marco constitucional para proponer sus propios planes de desarrollo y hacer efectivo el mandato constitucional que favorece la descentralización para el desarrollo de las potencialidades de cada región del país. Las universidades, estudiantes, gremios universitarios, sindicales, profesionales, técnicos, campesinos, comerciantes, empresarios y vecinos de la sociedad civil organizada, estaremos atentos para conocer la verdad que está detrás de esta actividad.
Es la hora de los valientes, capaces y honestos. Es la hora de la lucha frontal de los verdaderos cristianos, contra la corrupción destructiva, mentirosa y manipuladora, porque no somos menos que los americanos, asiáticos, chinos, ni los otros latinos que están logrando el éxito de sus países. Apoya esta causa divulgándola a todos tus contactos. Imprímela en volantes y repártela a tus familiares y amigos. Ayuda al despertar de los hombres de buena voluntad. Es la hora de la justicia, convertida en justicia para todos.
Tiene la palabra el Diputado Julio Borges.
Comente