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9 de enero, 2017 - 5:57 pm
Soc. Enrique Parra / Enparra01@gmail.com

Esta lucha de todos, necesaria e improrrogable debe provocar la ruptura definitiva del círculo vicioso del sindicalerismo corrupto de otrora

Foto: Archivo

En Venezuela, la relación costo de producción-precio no opera para los agentes productivos, sino que, los monopolios determinan los precios buscando máxima ganancia, prevalidos del control histórico de la producción, distribución y comercialización. Ahora bien, a dicha práctica oligopólica procede agregarle que la oligarquía en alianza política-financiera con la cúpula dirigencial de la oposición, está involucrada en la contrarrevolución promoviendo y financiando una despiadada guerra económica, detrás de controlar el poder político.

Ante tal conjura de los empresarios, las organizaciones revolucionarias unidas con el movimiento de trabajadores y al poder popular, están obligadas a orientar y dirigir la lucha por la defensa del salario, del ingreso de todos los venezolanos.

Esta lucha de todos, necesaria e improrrogable debe provocar la ruptura definitiva del círculo vicioso del sindicalerismo corrupto de otrora, donde los industriales establecen precios desde la confabulación monopólica; al tiempo que los sindicaleros manipulan y utilizan a los trabajadores, para demandar al Gobierno aumentos salariales a los efectos de que los bienes y servicios a precios especulativos puedan consumirse; mientras continúa indetenible la inflación especulativa, por demás perversamente inducida, aniquilando recurrentemente la capacidad adquisitiva del pueblo trabajador.

Se trata entonces, de convocar y encauzar la lucha revolucionaria por el salario digno, de equilibrio y bienestar de los ciudadanos frente a industriales, distribuidores y comerciantes inescrupulosos con ganancias súbitas e inmorales, a costa del padecimiento inaceptable del pueblo mayoritario.

Por lo tanto resulta indispensable para alcanzar el objetivo, coadyuvar con decisión en la calle al Gobierno Bolivariano, a determinar desde la Constitución y las leyes: precios justos para los consumidores y ganancias racionales para los empresarios.

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