No tengo duda en asegurar que todo ciudadano que se defina políticamente demócrata, es invadido por la obligación ética de condenar con decisión y firmeza la arremetida terrorista, que en las últimas semanas la dirigencia-mud comanda y financia en algunas ciudades del país, en reducidos focos de violencia en zonas urbanísticas de clase media. Focos de perturbación que atentan incluso con sus propios copartidarios y pequeños comerciantes, que son devastados por el hampa común con la que han hecho alianza criminal; también siendo peor aún, talan arboles y destruyen a su paso bienes públicos que son patrimonio de todos los ciudadanos, afectando aéreas urbanas que quedan en condiciones deplorables y servicios públicos interrumpidos o inservibles.
Asimismo producen tristeza e indignación, que jóvenes venezolanos hayan encontrado inmerecidamente la muerte como consecuencia de absurdos episodios de esa violencia incívica, irracional, antipolítica que solo responde a los planes de una cúpula dirigencial pervertida y sumisa a intereses transnacionales, con pretensión de asaltar el poder en Venezuela, al margen del pueblo que hoy lo detenta. Violencia fascista que desprecia el dialogo político consustancial al sistema democrático e intenta cerrar el camino al encuentro, al entendimiento, a la esperanza, a la democracia y a la paz. Factores condicionantes para la convivencia democrática.
Es entonces, en esta coyuntura política azarosa, cuando la derecha venezolana es conminada desde interese forasteros, a transitar la aventura de la insurrección armada, de la lucha antidemocrática con la intención de proscribir la Constitución de 1999 – causaría ingobernabilidad cruenta y prolongada – lo que evidencia que la misma, le estorba a los efectos de un hipotético gobierno con tutelaje norteamericano. En razón de ello, desarticulan los espacios políticos para el dialogo democrático, desatan el terrorismo, mantienen plan de intervención militar extranjera e ignoran la Constitución de la República; desconociendo el Poder Constituido y violando Derechos Humanos y Civiles elementales como: al libre tránsito, al trabajo, a la salud, a la educación, entre otros.
En consecuencia, frente al evidente asedio golpista contra la Democracia Venezolana, la mayoría del Pueblo esta en el deber histórico de promover, apoyar, convocar y participar protagónicamente desde la política y la ética en la Asamblea Nacional Constituyente; con la concurrencia representativa de la diversidad de sectores sociales y la pluralidad de intereses nacionales genuinos, con el objetivo de reactivar el espacio público supremo para el dialogo democrático, el blindaje de los preceptos sociales, políticos y económicos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para la profundización de la Democracia Bolivariana, el resguardo de la inclusión social y la consolidación de la paz.
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