Entreveo

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27 de febrero, 2017 - 3:24 pm
Soc. Enrique Parra

A propósito del proceso de legalización de nominas de los partidos políticos a instancia del Poder Electoral, se ha desatado una polémica nacional, a partir de la cual, la oposición asegura que el CNE cohonestado por el Gobierno Nacional Bolivariano, pretende proscribir a las organizaciones con fines políticos de oposición. Estoy convencido de que tal alharaca, responde a otra estrategia politiquera e irresponsable de la derecha venezolana, desenfundada para ocultar su tozudez política, que en lo que va de siglo, les ha caracterizado.

Es un hecho histórico contemporáneo que los partidos de oposición en Venezuela, frente a la imbatible fuerza popular del liderazgo del Comandante Chávez, se desentendieron de sus organizaciones metiendo en el congelador: su historia, programas, tesis, consignas, colores, símbolos, tarjetas, militancia y hasta su propio activismo político; apostando a una presunta unidad democrática – elecciones presidenciales de 1998 – como única expectativa y esperanza para derrotar electoralmente al entonces candidato presidencial Comandante Hugo Chávez, líder del Movimiento Revolucionario democráticamente insurgente.

Dicha estrategia «unitaria» se torna permanente ante la contundente derrota electoral en 1998 y todas las elecciones posteriores, en las que fueron sucesivamente derrotados. Imponiendo a la oposición que dicha estrategia pase de una estrategia coyuntural a una de tipo estructural y prolongada. La imperativa “unidad” se asume ya no para alcanzar una victoria electoral, sino que, se afianza para urdir un derrocamiento fascista de la Democracia Bolivariana – coordinadora democrática, golpe de 2002 – y así, sucesivamente acciones políticas cruentas – mud, guarimbas 2014 –  todas incubadas en las entrañas de tal «unidad».

Es así, como la unidad democrática de los partidos políticos de la derecha venezolana, se convierte en la real y autentica causa del despojamiento a cada contingente de militantes, simpatizantes y amigos de dichas organizaciones, por parte de los cogollos diligénciales respectivos, de sus referencias político-ideológicas, programáticas y simbología de lucha y participación democrática.

Todos y cada uno de los cogollos dirigenciales, de todas y cada una de esa organizaciones políticas, que hoy mañosamente intentan proyectar sus únicas y exclusivas responsabilidades hacia el Gobierno Bolivariano y el CNE como órgano rector del Poder Electoral, siempre estuvieron claros y conscientes de las consecuencias que asumirían según los establecido en la cincuentenaria ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones cuando dejaran voluntariamente de participar en las elecciones, en dos períodos constitucionales sucesivo, debidamente convocadas por el órgano rector de las mismas (CNE).

Dejaron a motu proprio de participar electoralmente desde sus propias organizaciones políticas, en razón de sus exclusivísimas estrategias; en consecuencia se les aplica el artículo 32 de la mencionada ley. Sin embargo, el TSJ concertadamente con el CNE, en sentencia N° 878 del 21/10/16,emanda de la Sala Constitucional acuerda: « otorgar un lapso para la reprogramación del cronograma para la realización de la renovación de los partidos políticos que se encuentran deslegitimados, en virtud de las circunstancias de hecho y de derecho descritas en el presente fallo. Dicho lapso será de seis (6) meses, el cual se computará a partir de la publicación de la presente decisión». Es decir hasta el 23/04/17.

El Poder Electoral actúa en consecuencia con estricto apego a la ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, así como, en base a sus atribuciones constitucionales de organizar, dirigir y supervisar el referido proceso.

Se trata entonces de que la oposición asuma éticamente de una vez por todas, ante el país y el mundo, las responsabilidades derivadas de su activismo político.

ENTREVEO
N° 035
Maracaibo, 19/02/17

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